Guillermo Ulloa

  Desde hace más de dos décadas, los alcaldes capitalinos Mockus y Peñalosa, consideraron, desde el punto de vista filosófico y académico jornadas del día sin carro con el fin de concientizar la población sobre el impacto del tráfico automotor en la movilidad, contaminación y seguridad.   Los alcaldes de otras ciudades copiaron la iniciativa, convertida en fantasmales jornadas pedagógicas. Tristemente el fundamento jamás ha sido acompañado con verdaderas políticas de estado que perduren en el tiempo.   La movilidad de la ciudad de Cali es caótica. El sistema de transporte masivo es ineficiente. Ante esta realidad, la población ha tomado decisiones de solucionar su movilidad, en forma individual, resultante en la proliferación inusitada del parque automotor. Los alcaldes, en vez de dedicar esfuerzos en un Plan Maestro de Movilidad, han preferido agachar la cabeza y dar la espalda al fortalecimiento de las diferentes modalidades que conforman la movilidad.   Desde hace más de diez años n

  El gobierno progresista de Gustavo Petro plantea nuevamente la necesidad de una reforma agraria integral. Durante los últimos cincuenta años el tema ha sido repetitivo. No obstante, las iniciativas de reforma agraria de los presidentes Lleras, Alberto y Carlos, fundamentados en la Ley 135 de 1961, no fueron exitosas.    En los acuerdos de paz de la Habana del presidente Santos, el estado se comprometió en la implementación de la Reforma Rural Integrada y expidió el decreto ley 902 de 2017. Durante este último lustro poco o nada se avanzó. Los obstáculos burocráticos de formalización, creación del fondo de Tierras, implementación de los municipios PDET (plan de desarrollo con enfoque territorial), ejecución del catastro multipropósito y quizás lo más frágil y delicado, la autenticidad de propiedad de la tenencia rural, donde se estima 1, 7 millones de hectáreas no cuentan con títulos formales, no han permitido una eficaz implementación.   El país registra una ruralidad inocultable con

  Cuando la ciudad eligió a Jorge Iván Ospina alcalde por segunda vez, no obstante, no estuviéramos de acuerdo con su ideología, abrigábamos la esperanza de un segundo mandato concluyente de las inconclusas mega obras gestadas en su primer periodo.    Pasados ocho años y dos administraciones, aun buena parte de las 21 mega obras siguen pendientes de iniciar o concluir en razón a limbos jurídicos, demandas, compra de predios, inconvenientes topográficos, incumplimientos contractuales, entre otros, lo cual demuestra improvisación caótica de su primera administración.   Bisoños, pensamos que el endeudamiento de vigencias futuras, por más de ochocientos mil millones, presentado al concejo municipal (distrital), sería utilizado en modernizar la infraestructura de la ciudad. Cándidamente, pensamos Ospina concluiría las truncadas obras y rediseñaría la ciudad, modernizando, modificando y consolidando los corredores viales, combinando obra civil con sistemas tecnológicos de movilidad inteligen

  Como pocas veces lo habíamos vivido, los precios de los alimentos, bienes y servicios siguen subiendo incontroladamente. El gobierno nacional, principalmente las autoridades monetarias y el mismo Ministerio de Hacienda ocupados en temas legislativos parece no preocuparles los fenómenos de inflación, recesión y devaluación del peso colombiano.    La reforma tributaria, la cual espera incrementar el recaudo en $ 20 billones, supuestamente para programas de inversión social, fue de miopía macroeconómica. La deuda externa, ante la devaluación superior al 30% en los últimos tres meses, sofocó el esfuerzo pretendido. La deuda externa total a junio era de US $ 175 mil millones, de los cuales US $ 100 mil millones son públicos. Con cambio a $ 4200 pesos por dólar el valor total era de Col $735 billones.  Al cierre de la semana, con cambio a $ 5061 se aproxima a $ 885 billones, o sea un incremento superior a Col $ 150 billones, 7,5 veces el valor estimado de la reforma aprobada.   Sin entrar