Bulevar San Antonio

 

El demoniaco afán de la administración Ospina de contratar a dedo y servir en bandeja de plata el feroz e insaciable apetito de la corrupción que carcome la ciudad nuevamente se vislumbra con el anuncio del proyecto del Bulevar San Antonio.

Similar al contrato en ejecución del mirador de Cristo Rey, muy posiblemente la administración Ospina burlara el ordenamiento de contratación para entregar, su ejecución a la Secretaria de Vivienda. Inexplicable que sea esta la ejecutora de un contrato de impacto turístico cuando su función es contribuir con el desarrollo planificado del déficit de vivienda de la ciudad, ofertar soluciones para prevenir nuevas invasiones, titular los cientos de miles de predios adjudicados y cobrar la cartera a su cargo.

Volviendo al proyecto San Antonio, si bien es cierto, la integración del centro histórico con el otrora barrio bohemio, de artesanos y obreros del pequeño villorrio que era Cali, es de agrado peatonal, no es claro como el actual diseño vial conjugaría con el proyecto.

En principio, se hundiría la Calle 5ª, entre la Carrera 10 y la Carrera 1ª prolongando el túnel actual. Por lo tanto, los cruces vehiculares actuales en el sentido sur - oeste y sur - centro deben ser modificados. De igual forma debe preservarse la Carrera 4ª como solución vehicular, lo cual no es coincidente con el proyecto peatonal. 

Consecuentemente, cualquier modificación generaría nudos vehiculares en otros cruces. La socialización del importante proyecto es fundamental realizar con las entidades que conocen con mayor profundidad el tema. La Sociedad de Mejoras Publicas, la Sociedad Colombiana de Arquitectura, la Cámara de Comercio, Cotelco, Camacol, Fenalco, por solo mencionar algunas, han estudiado por décadas la ciudad y su impacto socio económico. Desconocer esa importante fuente de sabiduría y experiencia sería un exabrupto.

Por otro lado, y siendo consecuente con la filosofía urbana de convertir las ciudades en grandes espacios caminables y de ciclo rutas, debidamente arborizados para disfrute ciudadano, es menester insistir en el control de las ventas sobre los andenes de la ciudad que imposibilitan una fluida circulación peatonal.

Entrar en la consabida disyuntiva filosófica del derecho al empleo versus el derecho a la libre movilización peatonal es absurdo. Lo que se requiere es imponer autoridad sobre el destino del uso y usufructo del espacio público. Existen suficientes alternativas de espacio que puedan convertirse en soluciones del comercio informal. Nuevamente es convocar a los gremios antes mencionados, para buscar conjuntamente soluciones viables, duraderas en el tiempo que permitan la pacífica convivencia del comercio de menor a mayor tamaño. 

Entrar a cualquiera de las estaciones del MIO en el centro es una odisea. No se sabe si se está abordando al sistema de transporte masivo o se está entrando a una galería de alimentación.

Las observaciones aquí planteadas, de lógica y sentido común, sencillamente abren la discusión de la función primordial planificadora de la Dirección Administrativa de Planeación, convertida en oficina de tramites, permisos y normas.