Voz de alerta en América Latina

 

Dicen los eruditos analistas que la política se asemeja al péndulo de un reloj. Hay épocas en los cuales los vientos de cambio hacia modelos socializantes se imponen y otras donde prevalece la institucionalidad constitucional de los países. En general, y a excepción de los radicales gobiernos autocráticos y dictatoriales, los procesos democráticos corrigen el rumbo.

 

La presente semana ocurrieron dos hechos significativos en el continente latinoamericano. 

 

En Argentina, la institucionalidad del poder judicial, dictó fallo condenatorio a Cristina Kirchner por hechos de corrupción. Providencia en derecho, pese a su reconocimiento como la persona más influyente dentro del peronismo, movimiento que lleva siete décadas controlando el destino del país austral, y su investidura como vicepresidente de la nación. Igual había sucedido en 2018, cuando la justicia condenó, por corrupción, a quien ejerció la vicepresidencia durante el mandato de la condenada Kirchner, Amado Boudot.

 

Hace unas semanas, en allanamiento de las autoridades argentinas en el desarrollo del proceso, mostraron la colección de automóviles clásicos y antiguos, presuntamente de su propiedad, las cuales envidiaría cualquier jeque árabe o magnate de la tecnología.

 

Igualmente, por hechos de corrupción, el congreso del vecino país del Perú, facultado constitucionalmente, dictó moción de vacancia, en otras palabras, destitución del cargo, al presidente Pedro Castillo, figura decorativa impuesta por Vladimir Cerrón, el verdadero poder detrás del trono.

 

Cometió la torpeza de intentar declarar un auto golpe de estado, cerrando el congreso y dictando medidas de emergencia para mantenerse en el poder. Las autoridades cumplieron con la imposición cautelar y fue capturado en camino de la residencia presidencial de la Casa de Gobierno hacia la embajada mexicana, donde había solicitado asilo político.

 

La lógica reacción en ambos países fue clamor de injusticia, persecución política, extorsión, pelotón de muerte, y otras tantas expresiones de inconformismo. El presidente Petro solicito la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal externo que le devolvió la alcaldía de Bogotá, cuando fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en el 2013. Sin embargo, la CIDH se pronunció simultáneamente expresando: “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”

Los gobiernos elegidos democráticamente asumen compromisos de respetar y hacer respetar la institucionalidad, velar por el cumplimiento de las leyes y mantener la independencia de los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo.

 

Es un campanazo de alerta al gobierno Petro, quien también, quiere inmiscuirse en asuntos de los otros poderes independientes al ejecutivo. Tratar de liberar presos judicializados bajo el sofismo de “gestores de paz”, solicitar la remoción de dirigentes gremiales, forzar decisiones en la fiscalía general, cerrar establecimientos por incumplimiento de normas laborales, permitir la invasión temeraria de tierras, son todos asuntos que están amparados bajo la normatividad y legislación de derechos consagrados constitucionalmente, bajo el principio de estado social de derecho

 

No puede olvidar Petro que su triunfó electoral fue difícil y cualquier intento de autocracia puede ser rechazado vehemente por el constituyente primario. Colombia ha ejercido la democracia más estable del continente y orgullosamente, pese a todos los sinsabores, debemos preservar la madurez y sensatez política.