¿Cómo se asumirá el costo de la pandemia?

El mundo enfrenta la mas compleja pandemia que la historia contemporánea conoce. Los países han venido combatiendo, algunos con mayor éxito que otros, la devastadora enfermedad. El estado se ocupo del problema con altruismo y solidaridad, encauzando sus esfuerzos hacia la prevención de la propagación del virus apoyando y privilegiando la vida de su población.

El inicial aislamiento preventivo y después obligatorio ha tenido efectos catastróficos para la economía. Algunos sectores han sido afectados profundamente y otros apenas sobreviven. El gobierno asumió y dictó medidas favoreciendo la población mas vulnerable, irrigando cuantiosos recursos, con cargo al erario, delegando a los entes departamentales y municipales su distribución equitativa. Serán las autoridades competentes de control las indicadas para establecer si existieron abusos o indicios de corrupción. 

La solidaridad desplegada por el estado encontró eco en el sector productivo privado. A cuantiosas contribuciones filantrópicas, se generaron espontáneamente aportes de asalariados del régimen privado y publico. La población, en general, entregó incalculables  y bien recibidas ayudas a los mas necesitados. Destacadas figuras artisticas también se unieron desplegando sus talentos recaudando recursos en eventos multitudinarios transmitidos virtualmente.

Sin embargo, después de varios meses, y ante una economía agrietada, los sectores productivos privados, a todo nivel, y al unísono, manifiestan la imperiosa necesidad de alivios fiscales y tributarios. A la vez solicitan recursos del estado para sobrellevar la difícil situación que afrontan. 

Aun es prematuro conocer cifras, diagnósticos y proyecciones del costo de la pandemia en recursos entregados y por entregar a futuro, con cargo al estado, sea nacional o territorial.

En primer lugar, y a medida que paulatinamente se retorna a la normalidad de la actividad económica surge la pregunta lógica; ¿cuanto tiempo será mantenida la ayuda coyuntural asistencialista dirigida a la población vulnerable? 

El sector productivo no tendrá la misma dinámica y capacidad de aportar recursos tributarios. La contracción de la economía implica una disminución en el recaudo de impuestos indirectos. Las exportaciones de petróleo e hidrocarburos, sostén de la economía, atraviesan por la difícil encrucijada de un elevado sobrante de inventario repercutiendo en su precio. La ilusión de un floreciente turismo no será realidad a corto plazo. El desempleo global afectará el rubro de remesas que perciben cientos de miles de familias colombianas de familiares residenciados en el exterior. El crecimiento económico proyectado del producto interno bruto, fundamentado en la disminución del consumo, se estima apenas llegaría al 1%.

La coyuntura conlleva una precaria situación fiscal del estado. 

El reto que enfrentan los gobiernos del nivel nacional, departamental y municipal es titánico.

Una vez superada la crisis pandémica, el desafío macroeconómico del costo, requiere toma de decisiones transcendentales. La contracción económica conlleva considerar la enajenación de improductivos bienes del estado, en todos sus niveles; nacional, departamental y municipal.

Entre las posibilidades de enajenación esta la participación accionaria de la nación en 105 entidades por valor de $ 170 billones. Encabeza la lista el 8,9% aprobado en venta en Ecopetrol; 51,41% de ISA; 73,37% de la Financiera de Desarrollo Nacional; 65,34% de Finagro; 40,57% de Telecaribe; 86% en Artesanías de Colombia; 83% en Electrohuila; 72% en Electrocaquetá; 20,47% en Corabastos y 72% enTV Andina, entre otras. Posee 64,000 activos incautados al narcotráfico e inumerable participación accionaria en pequeños y medianos institutos descentralizados del orden departamental y municipal en todo el territorio nacional.

Los departamentos deben considerar la venta de sus licoreras, canales regionales, loterías, institutos financieros e incalculables bienes improductivos, muchos de ellos percibiendo irrisorios cánones de arrendamiento o entregados en comodato.

En los municipios debe retomarse agresivamente la venta de subutilizados inmuebles recibidos en parte de pago. Deben buscar la negociación de sus participaciones accionarias en infinidad de entidades incluyendo empresas de servicios públicos, de intermediación y de generación energética. 

Asumiendo una postura realista, la solución y decisión esta en manos del estado.

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