Subsidiar el MIO y cobrar por Seguridad Ciudadana no es la solución

En las últimas semanas la administración municipal presentó al Concejo una iniciativa mediante la cual se pretende otorgar, con cargo al erario público, un subsidio a la operación del MIO. Al mismo tiempo la Gobernación radicó en la Asamblea Departamental un proyecto de cobrar una tasa especial al consumo de energía para crear un fondo de Seguridad Ciudadana.

Ambos proyectos de acuerdo y ordenanza son motivados por la necesidad de mejorar el sistema de transporte integral de pasajeros, en el proyecto municipal, mejorar la seguridad de los 42 municipios que conforman el Departamento pero a la vez aislados de la proximidad de una reforma tributaria.

Independiente de las adornadas cifras, cálculos y estimativos contenidos, que soportan las respectivas iniciativas, la reflexión y deliberación que deben asumir los cabildantes y diputados al debatir las propuestas es sí verdaderamente son alternativas para enfrentar la problemática y la complejidad tanto en las deficiencias del transporte masivo, la movilidad y la seguridad ciudadana.

En el caso del MIO, la problemática es originada en la equivocada presunción de una demanda inexistente. Cuando se iniciaron los estudios que sustentaban la necesidad de un sistema ordenado de movilizar la demanda de transporte de pasajeros en la ciudad, los estimativos más optimistas, arrojaban una cifra cercana a 600 mil viajes diarios. La demanda proyectada del tren ligero, de la década de los noventa, como eje fundamental alimentador, arrojaba 120 mil viajes diarios.

Sin embargo, cuando se propuso el SITM, que hoy conocemos como MIO, fantasmagóricamente, la cifra de la demanda se ubico en 1 millón de viajes diarios. Ante esta falsa perspectiva, el estado ilusionó a las empresas privadas de transporte convencional en transformarse hacia la nueva modalidad de transporte de buses articulados y estaciones, conocido como BRT.

El tiempo dio la razón a los primeros estimativos. El sobredimensionamiento de la demanda difícilmente se soluciona subsidiando una operación deficitaria, extendiendo la vida agonizante de un modelo deficiente y equivocadamente concebido y estructurado.  Contrariamente a incrementar el equipo rodante, debe reducirse el tamaño de los operadores, flota, organización, costos y rediseñar procesos acordes a la realidad del mercado. Las deficiencias en el servicio deben ser superadas ofreciendo mejores frecuencias, carriles exclusivos, óptimas conexiones, transbordos, alimentación al sistema bajo estándares satisfactorios de operatividad, comodidad, plataformas y aplicaciones informáticas e inteligentes de mayor precisión, seguridad, control a la mendicidad y el vandalismo.

La propuesta departamental de solucionar la problemática de seguridad es equivocada cuando esta corresponde a la competencia nacional del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Crear un nuevo gravamen es alimentar la ineficiencia e incapacidad constitucional del estado de brindar seguridad a la población. Implica además la creación de entes paralelos burocratizados. La Gobernación, mancomunadamente con los 42 alcaldes del departamento, debe liderar estrategias conducentes a una mayor asignación del colosal presupuesto de defensa nacional hacia la región, especialmente en la etapa de post conflicto que la misma gobernadora abandera. La propuesta de gravar la población, el sector productivo y empresarial con nuevos tributos no es consecuente con la capacidad comprobada de gestión, creatividad, experiencia y conocimiento de la Gobernadora Toro.

La ciudadanía, en ambos casos, no puede seguir soportando cargas tributarias que pretenden subsanar fallas estructurales y conceptuales.