Lote de la Fiscalía
Hace diez años, el 1 de Septiembre de 2008,
una célula urbana terrorista del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC,
accionaron un coche bomba en frente de las instalaciones de la Fiscalía en
Cali. El atentado, perpetrado hacia la medianoche, cobró las vidas de cuatro
inocentes habitantes de la calle y veintiséis heridos sufrieron a causa del
cobarde y reprochable hecho.
La Alcaldía asumió una postura de
solidaridad. Ofreció a la Fiscalía, un lote de su propiedad, que formaba parte
del proyecto de renovación urbana del sector de los barrios El Calvario, Sucre
y San Pascual, para ahí construir el “bunker” de la institución, anclando,
conjuntamente con la estación central del MIO, el ambicioso desarrollo
céntrico.
El Concejo municipal, en 2010, autorizó la
enajenación del inmueble y la Alcaldía procedió a su protocolización.
Hace ocho años, el entonces Ministro del
Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, con su acostumbrada y hábil
postura promesera de buen político, se comprometió con los caleños aportar
presupuestalmente los recursos de contra partida para iniciar la construcción
del nuevo edificio, que cambiaría la panorámica urbana, revitalizando esa
deprimida zona de la ciudad.
Pasaron los ocho años de la Presidencia de
Santos, y los últimos cuatro del entonces Vicepresidente Vargas Lleras, sin
honrar los compromisos adquiridos con la ciudad, la institución judicial, la
solidaridad de los Alcaldes municipales y la ciudadanía caleña en dotar de
merecida infraestructura al más importante organismo de justicia.
El actual Fiscal General, aterrizado en sus
pretensiones, ha sido claro en expresar las limitaciones presupuestales para
acometer la inversión y no se comprometió con fecha alguna.
El lote, hoy convertido, en conveniente
parqueadero para los funcionarios de la Fiscalía, debe retornarse al Municipio.
No puede frenarse el ambicioso proyecto de renovación urbana, a la espera
indefinida de los recursos del paquidérmico estado central, hoy golpeado por la
incertidumbre fiscal, a la espera de nuevas promesas incumplidas.
El municipio no puede convertirse en
desarrollador urbano, sino contrariamente, a través de su oficina de
Planeación, regular y establecer el uso del lote, obligando al desarrollo de
renovación urbana propuesta inicialmente.
Debe procederse, de forma pragmática, a su
venta.
Loable sería emplear los multimillonarios
recursos en indispensable inversión social requerida en renovar la precaria infraestructura
educativa, de los centros de salud y reforzar el sistema de monitoreo y
vigilancia en las identificadas zonas de mayor vulnerabilidad en materia de
seguridad.
Ejemplos de inversiones del sector privado,
guiados por el estado, en exitosos proyectos de renovación urbana son comunes globalmente.
Es el momento de tomar decisiones destacadas.
Esperar eternamente al paquidérmico estado
central, en vez de dinamizar el desarrollo de la zona, es decisión
trascendental para la ciudad.
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