La intervención de METROCALI

Mediante Resolución 10873, la superintendencia de Transporte notificó a METROCALI, que aceptaba la solicitud de acogerse a la Ley 550, mejor conocida como ley de insolvencia, la cual permite la reestructuración de su pasivo. Inmediatamente se nombró un promotor, quien tiene la función de negociar con acreedores y llegar al respectivo acuerdo de pagos, bajo observancia transparente de asuntos contables, financieros y administrativos.

¿Qué llevó a la administración a solicitar acogerse a la ley de insolvencia? 

La respuesta es sencilla. METROCALI, en la soberbia propia de la empresa publica, presumiendo son intocables, perdió la demanda interpuesta por uno de los operadores, la cual obliga a cancelar una suma superior a $ 160 mil millones, por considerar el laudo arbitral, existieron incumplimientos contractuales.

Se repite la perpetua historia de contratación entre el estado y un operador, concesionario, o contratista privado. El riesgo inherente al desarrollo del negocio siempre estará sujeto a la interpretación de tribunales nacionales o internacionales, quienes actúan acorde con la interpretación jurídica, elaborada con filigrana jurídica por los defensores del empresario, acudiendo al principio universalmente reconocido que las utilidades siempre serán del privado y las perdidas serán a cargo del estado. 

Cuando los laudos arbitrales confieren millonarias indemnizaciones al contratista privado, siempre surge la duda, sí en verdad, se trataba de operar eficientemente la concesión, la construcción de la obra publica, o sencillamente desde un principio se visualizaron vacíos en la relación contractual, priorizando la interpretación jurídica, en vez de la operación técnica y eficiente.

A titulo de ejemplo, aunque la lista sería interminable, la española Naturgy, anteriormente Gas Natural Fenosa, continúa alegando indemnización en tribunal internacional por Electricaribe al estado colombiano, por valor cercano a los US$ 1,6 billones. En demanda similar, la misma Naturgy, recientemente ganó al estado egipcio, un laudo arbitral tasado en la suma de US $2,013 millones. 

METROCALI, como hemos comentado varios analistas a lo largo de once años, se convirtió en entidad contratante de obras publicas, ente burocratizado innecesariamente para satisfacer apetitos y pagar favores políticos, operadores y recaudadores ineficientes, carruseles de contratación, en vez de dedicarse a ejercer la función esencial de transportar pasajeros en forma y tiempos de recorrido eficientes. 

La movilidad terminó atrapada en una torre de Babel. 

Planeación Municipal no se comunicaba con su división homologa en Metrocali, la Secretaría de Transito (hoy de Movilidad) una rueda suelta, EMCALI era la ultima en conocer los impactos de su infraestructura en las obras adelantadas por Metrocali, el transportador convencional continuaba ofreciendo su servicio y la proliferación del transporte informal era la respuesta al deficiente servicio del MIO.

La movilización de usuarios del sistema MIO, cada día alejada aun mas de su equivocada proyección de 1 millón de viajes diarios, fundamento argumentado por los operadores en el cual sustentaron sus análisis financieros.

Acogerse a la ley de insolvencia solucionará en el corto plazo el servicio de la deuda. Sin embargo, dudo que el promotor, cuya función primordial es servir de negociador ante los acreedores, extienda su ámbito administrativo en introducir las reformas estructurales que requiere la empresa. 

Es momento de repensar el fracasado modelo de METROCALI. 

Quizás lo mejor es llevar la entidad a su liquidación definitiva y bajo una nueva empresa estructurar un verdadero sistema integrado de transporte, que contemple la visión de la intermodalidad, el tren de cercanías interurbano, metro ligero, aprovechamiento del corredor férreo, aerocables alimentadores de ladera a troncales, tranvía del centro ampliado, integración tarifaria del transporte convencional e incorporación de algunas rutas del transporte informal, son los retos que una nueva entidad deberá acometer para la movilidad eficiente de su población. 

¿Y por que no exigir que el pasivo lo asuma la nación, tal como estamos asumiendo los errores de Electricaribe, la Ruta del Sol, la Via al Llano, Reficar, y tantos otros episodios, cargados de corrupción, de nuestra reciente historia?