A prueba la democracia e institucionalidad de Colombia

 

La administración del presidente Petro ha mostrado enormes debilidades para gobernar. No ha podido liderar los procesos de cambio que prometió. La retórica ideológica, acompañada de discursos grandilocuentes atacando permanentemente el “status quo” del estado de derecho republicano y el sector productivo que nos identifica como nación y modelo socio económico no han permitido avanzar en los cambios que la nación requiere. Ha sido incapaz de articular un equipo de gobierno demostrado en las crisis ministeriales y desmantelamiento de sus estructuras administrativas que atestiguan inestabilidad e improvisación.

 

La ejecución presupuestal en inversión no supera el 60%. El gasto de funcionamiento y el servicio de deuda, dos indicadores de lógica ejecución, el primero por el tamaño del estado y el segundo por compromisos fiscales, encubren el indicador de ejecución presupuestal.

 

La reforma tributaria del 2022 forzó un crecimiento de los ingresos fiscales en un 22% ($ 278,9 billones). Pese a las declaraciones permanentes del gobierno nacional en contra del sector de hidrocarburos, las exportaciones de petróleo siguen siendo el baluarte de la economía nacional. Las exportaciones tradicionales de productos diferentes al sector minero extractivo muestran disminución comparativa al año inmediato anterior, en razón a la estabilidad y normalización económica global lograda post pandemia. Al comportamiento macro económico mundial se atribuye la menor inflación y baja de intereses, contrariamente a declaraciones insulsas de su equipo de gobierno. El crecimiento del PIB, no obstante fue positivo, dista del crecimiento logrado en los años previos al 2023.

 

No obstante, los indicadores macro económicos, incluida una positiva tasa de cambio, proyectan estabilidad económica, las reformas propuestas por el gobierno cursando tanto en la Cámara como en el Senado, se vislumbran como una colcha de retazos de enorme debilidad estructural. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional, debidamente sustentada en derecho, han derrotado infinidad de iniciativas malogradas en su concepción, por carencia de profundidad substantiva.

 

Las prometidas reformas a la salud, laboral, pensional y justicia, atravesarán el mismo arduo camino. Para la agenda legislativa del primer semestre de 2024, y en razón a la baja aceptabilidad del gobierno, acompañada de errores conceptuales, despilfarro, desgreño administrativo, incumplimiento de agenda, discrepancias de partidos de gobierno y desgobierno no contarán con mayorías en el congreso, dificultando el trámite legislativo.

 

A lo anterior debe sumarse la estela de procesos de la financiación de su campaña, la implosión causada por sus funcionarios, el juicio a su hijo Nicolas, mociones de censura y destitución de funcionarios, investigaciones y eventuales sanciones adelantadas por los organismo de control. Debe sumarse el fracasado proceso de paz y un discurso internacional, cada vez, menos escuchado y más alejado de la realidad nacional.  

 

Así las cosas, y ante la imposibilidad de lograr los cambios, atribuibles a la incoherencia del gobierno nacional, el país se enfrenta a unos años de oscuros nubarrones, impulsados por la actitud beligerante y agresiva que ha demostrado Petro en su actuar. Es posible castigué las regiones no comprometiendo recursos del fisco nacional para desarrollar obras de infraestructura y programas sociales.

 

Arrinconado y enfurecido, atacará sin misericordia, a diestra y siniestra, culpando al país y sus instituciones por errores, que jamás admitirá son aplicables a su propia torpeza. Ojala la debilidad política que esta eventualidad pueda causar no impacte negativamente la estabilidad económica e institucional de la nación.

 

La reacción del gobernante solo se verá contrarrestada por la unión ciudadana, fortaleza democrática y apoyo institucional.

 

Caricatura cortesía las2orillas.co