Terrorismo Urbano

 

Lo acontecido en Colombia y en Cali en las últimas semanas no es nuevo en el país. 

 

El miércoles 6 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia en Bogotá fue atacado por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19), al cual pertenecía el actual presidente Gustavo Petro. El lamentable evento, en asocio, y financiado por Pablo Escobar, buscaba evitar la aprobación del tratado de extradición con Estados Unidos. El holocausto dejó 101 muertos, entre ellos 11 magistrados, y la quema de 6,000 expedientes.

 

Cuatro años después, el 2 de septiembre fueron atacadas las instalaciones del diario El Espectador en Bogotá. El miércoles 6 de diciembre, fue objeto de un atentado el edificio del DAS en Bogotá con 9000 kilos de dinamita, hecho que ocurrió una semana después del magnicidio del vuelo 203 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Calí, dirigido contra el entonces presidente Cesar Gaviria. Todos ellos están atribuidos al narcotraficante Pablo Escobar. El saldo trágico de los dos últimos eventos fue de 63 muertos en el edificio del DAS y 110 pasajeros del avión. El 15 de abril de 1993, quizás el último ataque de Escobar contra el centro comercial Centro 93 en Bogotá dejó un saldo de 8 muertos. 

 

Los hechos de terrorismo urbano se multiplicaron a nivel global. El 11 de septiembre de 2001, los seguidores del terrorista Osama Bin Laden, secuestraron cuatro aviones, de los cuales dos estrellaron las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, otro contra el edificio del Pentágono en Washington, y la valerosa actuación de los pasajeros y tripulación del vuelo 93 frustraron el ataque del avión dirigido al Capitolio norteamericano. Los actos terroristas costaron la vida a más de 3000 personas.

 

El 11 de marzo de 2004, diez explosiones en cuatro trenes de Madrid perpetradas por extremistas yihadistas cobraron la vida de 193 personas. El 7 de julio de 2005 cuatro ataques coordinados por extremistas islamistas atentaron contra el sistema de transporte masivo de Londres, que afortunadamente no causó muertes.

 

Ante todos los eventos mencionados anteriormente, y muchos más en el contexto global, el terrorismo urbano ha sido tipificado y reconocido por organismos internacionales como una forma de violencia en ausencia de guerra declarada, generalmente perpetrada en zonas de conflictos armados.

 

El Acuerdo de Paz de Colombia, promovido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, de alguna manera lamentable, ha permitido la impunidad y la judicialización de los actores de los ataques terroristas en el país. El tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) solo ha condenado con palmaditas en la espalda a los actuales miembros del Congreso, dignidad otorgada por el mismo acuerdo, a quienes pertenecieron y dirigieron el grupo guerrillero de las FARC.

 

El estallido social de abril de 2021 en Colombia, extendido por dos meses, contra el gobierno del presidente Iván Duque, calcado del evento del 20 de octubre de 2019 en Chile, paralizó la economía del país. En Cali, el entonces candidato presidencial Petro y los activistas congresistas opositores lideraron la actividad, culminando con el esperpento del monumento a la resistencia en conmemoración del insuceso.

 

En las últimas semanas (septiembre de 2025), las oficinas gremiales de la ANDI en Bogotá, Medellín y Cali fueron vandalizadas. La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló apoyo a los agresores. Encapuchados cerca de la Universidad del Valle incendiaron dos tractomulas y prendieron fuego a un establecimiento comercial. 

 

Todos estos ataques, debidamente planificados y coordinados, indican que fueron realizados por personas cercanas al gobierno actual. No es coincidencia que, al apoyo manifestado por Muhammad, en reciente evento de la Semana de la Biodiversidad en Cali, la ministra Irene Vélez luciera una camiseta alusiva al monumento de resistencia caleño y que el exasesor Alfredo Saade, todos activistas radicales, declarara el 27 de septiembre “Esto apenas comienza y si es la voluntad de Dios, por ahí entraremos el 7 de agosto de 2026.”

 

Nos espera una campaña presidencial marcada por actos delictivos y violencia contra los candidatos, lo que pone en jaque nuestra voluntad democrática, abierta y pacífica.