Autoridad se escribe con A de Abelardo

 

Los catedráticos norteamericanos James Q. Wilson y George Kelling desarrollaron, a finales de la década de 1960, la 'teoría de las ventanas rotas'. La teoría concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden, el maltrato y la falta de autoridad son más prevalentes. 

 

“Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto no parece importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen 'pequeñas faltas' y no son sancionadas, comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves.”

 

Colombia confirma esta teoría. Durante décadas, el país se acostumbró a convivir con los escombros de la impunidad.  Grupos alzados en armas que proclamaban la ideología marxista de Fidel Castro brotaron por doquier. A finales de la década de los años setenta, una docena de grupos ilegales ejercían su presencia mediante la extorsión, el secuestro, el terrorismo, los asesinatos y supuestos tribunales de ajusticiamiento. En las décadas subsiguientes, el florecimiento del narcotráfico se asoció a estos grupos, convirtiéndolos en el brazo armado del narcotráfico, como lo ejemplificó el sangriento asalto del M-19 al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. 

 

El Estado de Derecho que ampara a la nación optó por el diálogo, el sometimiento a la justicia y la entrega de armas como alternativa. El proceso finalizó en años recientes con el Acuerdo de Paz, respaldado por un tribunal transicional, que ha demostrado ser ineficiente e inoperante. El desgobierno de Petro ahondó en el fracasado proceso mediante la declaratoria de complicidad de la iniciativa de Paz Total. Esta iniciativa otorgó a los líderes de los movimientos alzados en armas la condición de «gestores de paz», alejándolos de la justicia ordinaria y concediéndoles impunidad.

 

Al llegar a la presidencia, Abelardo de la Espriella declaró insubsistente la fracasada iniciativa de Petro, con la cual se fortaleció el flagelo que había convertido al país en un protegido y anárquico narcoestado, e inició el desmantelamiento de estos grupos, convertidos en bandas criminales, cuestionando, en consecuencia, el actuar del tribunal transicional.

 

Replicando la política de tolerancia cero, empleada con éxito por el alcalde Rudolph Giuliani en Nueva York, una ciudad sometida al abandono y entregada a la delincuencia, ADLE la retoma durante sus primeras seis semanas de mandato. No se trata de una política autoritaria y represiva, sino de recuperar el concepto fundamental de imponer, constitucionalmente, comunidades limpias, ordenadas y respetuosas de la ley y de los códigos básicos de la convivencia social humana.

 

El despliegue de las fuerzas del orden, encabezado directamente por el Presidente en Santa Marta y Cali, ha mostrado la capacidad de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, a las que el anterior desgobierno mantenía amordazadas, silenciadas e inoperantes.

 

Asimismo, se procesó un centenar de extradiciones que permanecían represadas y, según el texto, protegían a delincuentes. De este modo, se retomó el proceso exitoso del Gobierno de Iván Duque, bajo la dirección de su ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

 

Estas actuaciones se suman al ejercicio de la legítima autoridad constitucional del Estado, al sometimiento judicial de los jefes de las bandas criminales y a las acciones de las fuerzas del orden durante los allanamientos, cuando estas han sido atacadas con violencia armada.

 

La esperanza del país es recuperar el respeto por la autoridad, el orden, la norma y la prevención; fortalecer la convivencia y volver a sentir que estamos gobernados por quienes hemos elegido democráticamente.

 

Fotografía cortesía de caliescribe.com