Persecución al Valle del Cauca

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha impuesto, en primera instancia, una sanción consistente en multa que sobrepasa los $ 334 mil millones al sector agroindustrial del azúcar.

Sin entrar a juzgar, calificar o conceptuar sobre la validez de la misma, para lo cual el estado de derecho colombiano da la oportunidad jurídica de apelar la decisión, la sensación percibida es de persecución política orquestada por el estado central contra la esencia económica privada de la región.
Desde hace más de siglo y medio, la pujanza del sector ha forjado la región vallecaucana. Hoy genera más de 200 mil empleos directos, irriga la economía regional, impacta positivamente más de un millón de hogares y cobija el 50% de las poblaciones pequeñas e intermedias que conforman la red de ciudades de los departamentos productores.
Incongruente, por decir lo menos, es que la política pública de desarrollo económico que busca fomentar la producción nacional y generar empleo calificado se le castigue de esta manera. Aplicar la exagerada cifra, que representa más de dos años de utilidades del sector, sumadas a sanciones a personas naturales, algunas pensionadas, y un gremio que subsiste de las cuotas de sus afiliados es totalmente absurdo.
Potenciales inversionistas, que analizan al país, como posible sede de sus operaciones multinacionales, son ahuyentados por falta de garantías en políticas económicas que garanticen permanencia. Las empresas transnacionales que permanentemente evalúen sus plantas de producción del mundo moderno globalizado ahora tienen otro elemento negativo que se suma a las variantes de análisis sobre estabilidad, eficiencia y competitividad.
Pero no solamente se atenta contra el sector agroindustrial del azúcar. También son investigados y sancionados el sector farmacéutico y del papel. Son los tres sectores que enmarcan la economía regional. No es casualidad que desde las altas esferas del poder capitalino se atente sobre la estabilidad económica de una región.
Si el trasfondo es político, deja entrever el gobierno central, que empleará sus organismos de control en forma caprichosa, represiva, abusiva y autoritaria para debilitar el aparato productivo privado a usanza de gobiernos opresores y dictatoriales. 
La persecución al Valle del Cauca es signo inequívoco que algo perverso está preparando un gobierno elegido democráticamente, hoy en etapa preocupantemente peligrosa, delirante y transformada.
¿Será que el gobierno Santos, obnubilado y enceguecido por el poder, quiere emular el ejemplo hitleriano o el estado represivo soviético estalinista del siglo pasado? ¿O quizás quiere ser el sucesor opresor del régimen cubano o venezolano en el ocaso de sus respectivos espacios?

Complejo período se avecina en nuestra reciente historia. Buscando soluciones podríamos encontrar etapas renovadoras e innovadoras.

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