Atropello Pensiónal
El gobierno del Presidente Duque ha
encontrado campos minados y estériles de discusión colmados de intereses
clientelistas, políticos y burocráticos, cultivo de prácticas corruptas, al
presentar reformas que atentan contra cimentadas viejas costumbres
clientelistas y “enmermaladas” de partidos cómplices de la administración
Santos,
La reforma a la justicia, indispensable en
lograr transparencia cristalina, esencia fundamental de democracia, zarandeando
abundantes y enquistados “carteles de la toga”, en altas cortes y tribunales
municipales, acostumbrados a canjear sentencias por dadivas, naufraga en un
océano de profundos témpanos de descomposición.
La reforma política que buscaba fortalecer
los partidos sacudiéndose de micro empresas electorales que han ahogado las
corporaciones públicas encabezados por atornillados, arraigados y anquilosados
concejos municipales, replicados en Asambleas Departamentales y el sistema
bicameral, también se hunde lentamente.
Aun queda con alguna posibilidad de
salvamento, la reforma tributaria, llamada ley de financiamiento, fundamental
en equilibrar la balanza fiscal entre ingresos y egresos.
Sin embargo, en el afán de cubrir el faltante
del desfinanciado presupuesto dejado por el gobierno Santos, la administración
toco el sensible bolsillo de la vulnerable, inmensa y silenciosa mayoría.
Gravar el IVA en productos de la canasta
familiar, volver a mecanismos de doble tributación, impuesto patrimonial y
cargar insostenible imposición a las pensiones eran formulas sencillas.
La protesta universal del gravamen del IVA a
la canasta familiar obligó a replantear el tema, pero aun se debaten otras
proyectadas imposiciones.
Gravar las pensiones es un atropello.
La juventud de la administración encandelilla
el lejano momento de alcanzar edad de pensionarse y por ello, no tienen en
cuenta la desestabilización moral, social y económica que pretenden con el
gravamen propuesto.
Los derechos fueron adquiridos construyendo
bienestar para la familia y comunidad, la misma que hoy olvida ese aporte,
viendo frías e incalculadas formulas del lejano salvamento presupuestal
producto de un estado derrochador, ensimismado en intereses de un inflado,
abultado e improductivo aparato burocrático.
El aporte del 12% a la salud, el más oneroso
del continente, cuya media es del 4%, sufragando el enriquecimiento ilícito de
las desfinanciadas y corruptas entidades del régimen subsidiado, es la carga
más injusta.[1]
Además, el oneroso aporte arroja y repercute en desproporcionado costo del
complemento del pago (copago) en servicios de consulta, medicamentos y atención
prioritaria.
El pésimo servicio de algunas entidades
obliga al pensionado buscar mecanismos de medicina prepagada, para cubrir
alternativamente planes de salud, en menoscabo de su limitado ingreso.
La formula de reajuste anualizado al IPC y no
a la inflación arroja un deterioro permanente del poder adquisitivo en
detrimento de sus condiciones económicas.
Obnubilados en su fugaz juventud, también
olvidan los proponentes, que los pensionados tributaron fiscalmente durante su
vida laboral, constituyéndose en desfachatada y postrera doble tributación.
“Cuando el palo no está para cucharas”,
como dice el viejo refrán, y ante la imperiosa necesidad de buscar nuevos
recursos, igual importancia, como enseña la más elemental economía hogareña,
deben reducirse los gastos de funcionamiento e inversión.
Es ahí donde debe enfocarse una reforma en
vez de gravar lo inconcebible.
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