Apagando incendios con recursos para la seguridad
La ciudad registra los más altos, críticos y
caóticos niveles de inseguridad en su historia reciente.
En el análisis y estudio del presupuesto del
municipio para el 2019, uno de los temas álgidos es, sin lugar a dudas, los
recursos que requiere la ciudad en materia de seguridad.
El estilo improvisado del alcalde se percibe
en la presentación que hace la Secretaría de Gobierno al Concejo Municipal en materia
de seguridad. La frágil sustentación de la importante iniciativa presupuestal deja
al descubierto la falta de claridad de estrategias y acciones que deben implementarse
para luchar contra la inseguridad rampante que fustiga la ciudad.
Ha planteado como alternativa reducir el
aporte del 3.5% del impuesto predial
destinado al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, en menoscabo de esa entidad, en
un 30%, buscando aproximadamente $ 10 mil millones adicionales al presupuesto
para seguridad.
Se olvida y se hace la vista gorda la
administración municipal que el fenómeno del cambio climático y consecuente calentamiento
global genera incendios forestales, arrasando anualmente cientos de miles de
hectáreas en el mundo entero, los cuales también son provocados, presenciados y
combatidos en los cerros de la ciudad en épocas secas y de altas temperaturas.
https://guillermoulloatenorio.blogspot.com/2018/09/incendios-forestales-arden-los-cerros.html
Después del incendio la situación es aprovechada
por la inescrupulosa mafia de invasores de tierras, desestabilizando y
desafiando la autoridad, como se presenció recientemente en el intento de invasión
del Cerro de la Bandera y la cuenca del rio Pance, entre otros. Circunstancia
que impacta funciones de la misma Secretaría de Gobierno, encargada de
preservar el orden y defensa de la propiedad, sea estatal o privada.
También olvida la administración que el
Cuerpo de Bomberos de la ciudad, a sus 90 años, es referente continental de
prevención, ejecutando un ambicioso plan de inversión en modernización de
equipos y ampliación de cobertura en nuevas estaciones, ante el crecimiento
desordenado de la ciudad.
Por otro lado, desesperada e
inconstitucionalmente, la administración propone crear una brigada de guardas
civiles, a la cual la ley desarme impide portar armas, combatiendo la
inseguridad de la ciudad con programas de culturización y educación altruista,
cuando la responsabilidad recae sobre los organismos del estado, Policía
Nacional y Ejército.
En la administración del alcalde Ospina se
criticó el programa de “guardas cívicos” por el despilfarro y dilapidación
improductiva del erario, siendo la propuesta de la actual administración similar
al esperpento anterior.
La suspicacia surge cuando se devela que la
iniciativa es primordialmente una estrategia electoral, para favorecer
contratación de burocracia en procura de fortalecimiento de candidatos para la próxima
contienda en vez de una solida acción de prevención y mejoramiento de índices
de seguridad.
Se enfrasca el Alcalde en discusiones públicas,
bizantinas e inmaduras con la Gobernadora sobre el tema de la preocupante
inseguridad, cuando debería ocuparse de presentar a la Gobernación una
estructurada estrategia que permita aprovechar eficiente y eficazmente los
recursos que la ciudadanía caleña aporta mensualmente como tasa de seguridad, a
través de la factura de energía, destinados a combatir
la delincuencia en programas de alcance regional.
El clamor ciudadano recae en la
responsabilidad de generar una verdadera estrategia combativa, soportada con tecnología
avanzada, programas de inteligencia de organismos del estado, capacitación,
condiciones dignas de alojamiento y desplazamiento para el mayor número de
efectivos que se solicita amparados con el fortalecimiento del aparato judicial
y penitenciario.
La seguridad no mejora quitándole recursos
a los bomberos para apagar el incendio de la improvisación.
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