Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta

Mientras el alcalde Ospina estaba ocupado en controlar los preocupantes índices de contagio de la pandemia de la ciudad y sus nefastas consecuencias, delegó en la Secretaría de Bienestar Social la contratación y ejecución contractual de la logística de entrega de mercados y ayudas humanitarias en beneficio de la población vulnerable.

 

La titular del despacho de la Secretaría, Fabiola Perdomo Estrada, no es una principiante e inexperta funcionaria publica. Contrariamente, inició como asistente del entonces concejal Ricardo Cobo, a mediados de la década de los noventa. Formó parte de su gabinete ocupando la misma Secretaría que actualmente maneja y ha mantenido activa su participación en el sector publico. Fue concejal y asesora del despacho de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

Es viuda de uno de los diputados asesinados en cautiverio por la FARC en el lamentable evento de toma y secuestro de la Asamblea Departamental del Valle. Ejerció con gallardía la defensa de las victimas del trágico episodio, reconocimiento que le mereció ser nombrada como directora territorial de la Unidad Nacional para las Victimas en la Presidencia de Juan Manuel Santos.

 

No obstante, su vasta experiencia y formación académica como comunicadora social y especializaciones en Gobierno Municipal y Derecho Administrativo es quien esta en el ojo del huracán por un supuesto evidente sobrecosto en la contratación de la logística de entrega de mercados de la actual coyuntura del Covid-19.

 

El contrato bajo investigación, se suscribió con un consorcio, creado doce días antes de la invitación, del cual es socio un cuestionado contratista, quien ha ejercido como ejecutor de obras civiles del municipio, de funesta experiencia cargada de incumplimientos, sobre costos y adiciones, en especial el interminable y sonado contrato del parque lineal del rio Cali. Su trayectoria empresarial ha dejado una estela de sendos procesos judiciales activos en la Rama Judicial.

 

La gravedad del actual contrato es la escandalosa suma pactada de $ 27,820 por entrega, cuando Medellín contrató por $ 11,501 y Barranquilla $ 6,077. El costo de envió de un paquete de similar volumen y peso de Bogotá a Cali por Servientrega es $ 26,000. La empresa de domicilios Rappi cobra valores en rangos entre $3,500 y $ 10,000 por entregas urbanas. 

 

Ante este adefesio contractual, cuatro concejales presentaron moción de control político a la administración, lamentablemente derrotados por la votación de catorce miembros de la corporación a instancias del veterano político Fabio Arroyave. 

 

Ojala con la misma actitud protagónica, con la cual visitan diariamente nuestros hogares, a través de medios televisivos, el Procurador Carrillo, el Contralor Córdoba y el Fiscal Barbosa, dediquen con la autoridad investida en ellos, la capacidad administrativa de sus entes a la investigación detallada, extendiendo garantías procesales, produciendo fallos y sanciones a los involucrados e implicados en semejante y presunto episodio delincuencial. 

 

La ciudadanía, contribuyente de las arcas del estado, merece respeto. Las victimas de la pandemia no pueden ser usadas de pretexto para enriquecimiento ilícito y presuntos actos evidentes de corrupción.

 

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