Las Contralorías, cómplices silenciosas de la corrupción
La elección de Contralor General de la Nación
ha concentrado la lucha por el poder de las altas esferas políticas del país.
Del centenar de posibles aspirantes se perfilan diez calificados profesionales,
de los cuales ocho son abogados, un ingeniero civil y un profesional en
Gobierno y Relaciones Internacionales.
Este instituto goza de un presupuesto cercano
a $ 500 mil millones anuales en nomina directa, primas técnicas, contratos de
tercerización, servicios personales indirectos y otros, correspondientes al 80%
de su presupuesto de funcionamiento.
Como quiera que el gobierno Duque ha sido
reiterativo en cambiar la costumbre congresional, mejor conocida como “mermelada”,
consistente en intercambiar cargos y contratos a cambio de favores
legislativos, todos los partidos, sean gobiernistas, independientes o de
oposición ven en la Contraloría una forma de evadir la directriz presidencial, aprovechando el enorme potencial de
contratación a través del cuantioso presupuesto de gastos de funcionamiento del
ente de control y así satisfacer sus insaciables apetitos burocráticos.
En la rendición de cuentas del cuatrienio, el
saliente Contralor General destacó imputación de $7.68 billones por
responsabilidad fiscal, equivalente a un lacónico 4% de los más de $ 50
billones anuales atribuibles a la corrupción. Destacó 758 fallos proferidos,
sanciones por $ 629 mil millones y recuperación, a favor del estado, de la
irrisoria suma de $ 744 mil millones, equivalente a tan solo la tercera parte
del costo del funcionamiento del aparato paquidérmico de la Contraloría
General.
En la reciente Asamblea de la ANDI, se hizo
entrega de un estudio, el cual concluye que las 64 contralorías regionales y
municipales, recuperan tan solo $ 12 pesos por cada $ 1,000 pesos invertidos en
su funcionamiento. Alarmante que de los fallos proferidos el 45% son anulados
en segunda instancia por carecer de fundamentos legales concluyentes, lo cual
devela el deficiente nivel profesional de los funcionarios, resultante que en
su gran mayoría su selección corresponde a “fichas” o recomendaciones políticas
más que por perfiles de idoneidad, experticia y conocimientos técnicos.
De la Contraloría General aun esperamos
pronunciamientos de los resultados de los detrimentos fiscales por sobre costos
en sonados casos de corrupción de REFICAR, ODEBRECHT, GUAVIO, FONCOLPUERTOS,
DNE, SALUDCOOP e HIDROITUANGO.
De las Contralorías regionales, aun nos
parece inverosímil, el polémico paseo a Panamá de 82 funcionarios de la
regional de Boyacá, para festejar el día de la Mujer y Hombre, todo incluido
por cuenta del erario.
En el caso del Valle del Cauca, aun están sin
esclarecerse el destino final de 5 millones de botellas de aguardiente,
entregadas en “degustación” en administraciones anteriores, con detrimento
superior a los $ 100 mil millones. Ni tampoco se conoce la responsabilidad
atribuible al descalabro en la comercialización de los productos de la misma
Industria de Licores del Valle en el actual periodo y los créditos concedidos,
con precarias garantías, al consorcio comercializador otorgados por el
Instituto financiero regional, INFIVALLE.
De la Contraloría Municipal de Cali, aun
esperamos pronunciamientos de la responsabilidad, detrimento y recuperación del
sobre costo de las obras de remodelación del estadio Pascual Guerrero, sobre
costos de las inconclusas 21 mega obras, las interminables obras del Corredor
Verde y el Parque Lineal del Rio Cali, el fracaso financiero y fiscal del
Sistema Integrado de Transporte Masivo, a través de METROCALI y el elusivo
carrusel de contratación de EMCALI.
Así las cosas, la pregunta es sencilla.
¿Cuál
es la importancia de las Contralorías? ¿Poder? ¿Favorecer los amigos de la administración
que eligen y perseguir injustamente sus enemigos? ¿Beneficiar con contratos a
los legisladores que los eligieron? ¿Evadir su responsabilidad constitucional
de control sucumbiendo ante efímeras mieles del poder, protagonismos y
figuración mediática? ¿Cambiar autonomía por dependencia política?
Aparentemente la función de autoridad,
control, recuperación y combatir la corrupción es la menor de las prioridades.
Muy certera su columna doctor Ulloa. Lo invito a votar siete veces si el próximo 26 de agosto.
ResponderEliminarDr.Ulloa,de las 21 megaobras solo entregaron 13. Ya casi todos los caleños pagamos ese impuesto. La ampliación de la calle 1a.o Avenida de Los Cerros hasta La Buitrera no ampliaron sino 3 0 4 cuadras a partir del Rond point de la cra.70. El puente lo hicieron pero no lo han dado al servicio, dizque quedó mal hecho y no era el sitio exacto. Ya el batallón vendió el terreno para la ampliación. La cra.80 estaba programada para ampliarla a doble via, puente elevado y peatonal, entamborar el caño,comprar un pedazo del patio del psiquiátrico. Sólo la pavimentaron. En la 5a. entre cras.80 y 93 hay terribles trancones.
ResponderEliminarGRACIAS. Guillermo Ulloa por levantar la voz.
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