Hostigamiento (Bullying) de la CIDH y sus acólitos contra Colombia

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) creó en 1959 un organismo de observancia de derechos humanos conocida como Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Curiosamente su primer director fue el escritor venezolano Rómulo Gallego, país donde se presencia la mayor violación de derechos humanos del continente. 

 

Paralelamente a este organismo fue creada, veinte años después (1979), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tribunal para aplicar e interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre adoptada desde 1948.

 

Por otro lado, no siendo organismo oficial sin facultades ni autoridad alguna, existe una organización no gubernamental (ONG) fundada en 1978, mejor conocida como Human Rights Watch (HRW), cuyo alcance debe limitarse como observatorio de Derechos Humanos. 

 

En la División de Las Américas de HRW funge como director el abogado chileno José Miguel Vivanco, quien hábilmente y en virtud a la exposición y mediocridad mediática brindada por los medios colombianos se ha convertido en una especie de guarda faro de la diosa mitológica griega Veritas, única palabra contenida en el sello universitario de Harvard, donde realizó su maestría en derecho.

 

Tanto el Sr. Vivanco, como los organismos de la OEA, encontraron en Colombia el objetivo perfecto para enfilar sus retoricas armas acusando y tildando al estado de profanador de derechos humanos. Han transgredido, sin competencia alguna y desde hace muchos años, con sus declaraciones y actuaciones contra la soberanía constitucional del estado social de derecho colombiano.

 

En una de las mas recientes declaraciones, Vivanco, cuestionando la soberanía, rechazó la expulsión de una ciudadana alemana, por la autoridad migratoria colombiana, quien había llegado en marzo como turista, pero se había integrado a la “primera línea de resistencia” caleña de los paros de abril y mayo.

 

Fueron precisamente estas “protestas sociales”, las mismas que destruyeron la infraestructura de movilidad urbana de las ciudades, incendiaron puestos de policía, atacaron la fuerza publica, amenazaron la estabilidad económica de cientos de miles de empresas con acumulación de cuantiosas e innecesarias perdidas, violando los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población, a quienes los organismos pusieron el ojo avizor y protector exigiendo al gobierno observancia de “abusos” contra la horda de vandálicos y salvajes manifestantes.

 

Aprovecharon la nobleza de la dirigencia nacional, para solicitar la visita de una comisión de la CIDH, que pese a su falta de imparcialidad ideológica, no encontró fundamentos probatorios de violación de derechos humanos en el actuar del estado.

 

La serenidad y prudencia con la cual el estado ha actuado, en defensa de los derechos plasmados constitucionalmente, no debe permitir, que organismos internacionales califiquen errónea y equivocadamente su proceder.

 

Indudablemente el actuar de estos organismos es lo mas parecido al acoso escolar del “bullying” donde el agresor intimida la victima abusando de su efímero poder. 

 

No se entiende porque estos organismos no se enuncian con similar vehemencia contra los cotidianos abusos de derechos humanos de la indefensa población venezolana, sometida a la hambruna, devastación y forzado desplazamiento. Tampoco se concibe la falta de pronunciamiento contra el régimen esclavista cubano, que salió a atacar los miles de manifestantes, que solamente clamaban “libertad” después de mas de sesenta años de privación. ¿Porque el silencio ante el atropello de Ortega en Nicaragua quien abusivamente priva de libertad a sus contendores del democrático proceso electoral? Tampoco se escuchan sus voces de rechazo ante la autoridad haitiana que somete a ciudadanos colombianos a inhumanas condiciones carcelarias privados de garantías procesales y defensa jurídica. 

 

Es hora de enfrentar con altura y argumentos a estos Cerberos, de espantosos ladridos y con víboras de cola, que pretenden desestabilizar nuestros principios fundamentales de libertad democrática republicana.

 

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