Excesivo gasto de funcionamiento, mal colombiano que desestabiliza la nación

 

El pasado mes de abril el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó el proyecto de reforma tributaria. El proyecto legislativo motivó rechazo general y dio lugar a la incitación de las protestas de abril 28. Las nefastas consecuencias de esta iniciativa dieron lugar a las violentas, vandálicas, mortales y desalmadas protestas. Ellas terminaron en bloqueos, retrocesos del aparato productivo, destrucción de infraestructura publica y privada, desabastecimiento, encarecimiento de productos de primera necesidad y hecatombe de los sistemas de transporte masivo urbano.

 

La iniciativa pretendía recaudar $ 25 billones anuales adicionales, principalmente destinados a programas de inversión social, contrarrestar el alto nivel de pobreza estimada dirigida a una población de 21 millones de colombianos. El mencionado proyecto fue retirado de su discusión parlamentaria y en su reemplazo, unos meses después, fue presentada una contrarreforma con menor impacto al contribuyente.

 

Afortunadamente el prolongado, desahuciado e insulso paro se extinguió, no sin antes dejar graves secuelas de anarquía, reconocimiento de factores desestabilizadores y desgarrados discursos populistas que sirvieron en bandeja de plata como plataformas electorales.

 

La semana pasada el mismo órgano legislativo bicameral aprobó el presupuesto general de la nación para el año 2022. Este ha sido aforado en $ 350,4 billones, el mas alto en la historia reciente. Al analizar las cifras, no se entiende la miopía, tanto legislativa como del ejecutivo, cuando con cinismo propone y se aprueba un gasto de funcionamiento de $ 210 billones, equivalente al 60% del presupuesto total.

 

 

No es necesario ostentar doctorado en matemáticas, economía o finanzas, sencillamente con sentido común y lógica de un presupuesto domestico del hogar, es fácil deducir que el gasto de funcionamiento es el mal colombiano. Sí la reforma tributaria pretendida por Carrasquilla contemplaba recaudar $ 25 billones es de sencilla y simple reflexión que este valor equivaldría a tan solo un recorte del 11% de los gastos generales de funcionamiento.

 

Como las deudas hay que pagarlas, el presupuesto contempla una apropiación de $ 75 billones para atenderla. Las principales erogaciones están en las asignaciones a Educación por $ 49 billones, Defensa $ 41,9 billones, Salud $ 41,2 billones y Trabajo $ 36 billones. La proyección del presupuesto tan solo destina $ 62,2 billones a la inversión. 

 

Si el país pretende optimizar su nivel de inversión social, mejorar índices de erradicación de pobreza, superar la calificación de riesgo, no puede seguir mirando al contribuyente como la vaca lechera de inagotables recursos. El estado no puede, ni debe seguir contribuyendo al enriquecimiento de unos pocos privilegiados, a través de ineficientes e ineficaces entes burocráticos que cultivan corrupción. 

 

Exigir un recorte a raja tabla de todos los organismos burocráticos de la administración, encabezados por los inoperantes entes de control fiscal, en un 11% es factible, viable y sano. La austeridad no radica en bajar consumo de papel, café, viajes, etc., distractores absurdos de economía del hogar. Un recorte definitivo del 11% equivale a todas las pretendidas reformas tributarias del pasado. 

 

Es la respuesta el electorado espera sea contestada por los candidatos presidenciales.