Toma del Palacio – 2024

 

Cuando el científico francés Émile Boirac acuñó el término Déjà Vu describiendo el fenómeno de fuerte sensación que una experiencia vivida en el presente se ha experimentado en el pasado, fue lo sentido esta semana con la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Nos recordó dolorosos momentos vividos e imágenes desgarradoras de aquella toma del mismo Palacio, en noviembre 6, 1985, asalto perpetrado por el movimiento guerrillero M-19, bajo la coordinación del frente Iván Marino Ospina, comandado por Álvaro Fayad y financiado por Pablo Escobar.

 

El desenlace de este episodio cobró la vida de un centenar de colombianos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 20 servidores públicos y el resto entre empleados, fuerza publica y miembros del comando guerrillero. La denominada Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre, fue quizás el más audaz y sangriento evento del conflicto armado nacional, superado por las demenciales bombas del mismo financiador Escobar años después.

 

El presidente Gustavo Petro en sus acostumbrados trinos de X apoyando, promoviendo y motivando la marcha, respaldando a sus organizadores, FECODE y sindicatos, en la manifestación ante la Corte Suprema, fue casi conmemorativa de la toma de su grupo guerrillero en 1985. Petro continúa convocando a marchas “democráticas” en defensa de su triunfo electoral, el cual nunca ha estado en discusión. 

 

Paralelamente y coincidencialmente el mismo día de la marcha, una comisión del Pacto Histórico, integrada por Karmen Ramírez, Alejandro Toro y el vallecaucano Alejandro Ocampo se reunían con el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Equivocadamente emite un comunicado expresando; “La OEA exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial″. 

 

La contestación de Humberto de la Calle, interpretando el rechazo a la intromisión de Almagro fue contundente. “Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el Gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las fuerzas armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe”.

 

La convocatoria de las marchas es un elemento de presión hacia los magistrados de la Corte Suprema para la designación de fiscal general de la Nación, decisión autónoma, sin premura de tiempo. Es importante recordar que en el mandato de Álvaro Uribe se demoró la designación de Viviane Morales dieciséis meses.  

 

La separación de poderes, mandato constitucional, no puede ser mancillado. 

 

Los temores de Petro se basan en las investigaciones que cursan en esa dependencia, adelantados por el fiscal Barbosa. Todas, sin excepción, corresponden a incumplimientos del manejo administrativo de su campaña, superación de topes, ingresos no reportados, dudosa procedencia de recursos, el juicio contra su hijo Nicolas y el inexplicable abuso de poder de su confidente Laura Sanabria. Es de conveniencia designar una de las ternadas por el presidente Petro, quienes tendrían tacitas instrucciones de manejar sutilmente los procesos en su contra y no quedar bajo la continuidad de la vicefiscal Mancera, del equipo de Barbosa.

 

Su equivocación en la convocatoria aisló su relación con los poderes independientes constitucionales; el Legislativo y Justicia. El rechazo a la toma del palacio y las declaraciones expresas de la misma Corte Suprema, ante los hechos bochornosos e indebida presión, fueron abrigadas por respaldo unánime de otras cortes, gremios, organizaciones cívicas y partidos políticos, algunos considerados independientes, indispensables en la agenda legislativa de reformas.  Nos esperan dos largos años de un gobierno arrinconado, desesperado, desprestigiado, carente de coherencia gerencial que lo llevara a seguir cometiendo errores interpretativos de nuestro estado de derecho. 

 

En esta ocasión, tal y como lo expresa el escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal en su video de opinión, en esta ocasión; “le salió el tiro por la culata”.