El reto de la agroindustria: riqueza y futuro de Colombia; desafío del próximo presidente (a)

 

Este mes se celebró la LIII Asamblea Anual de Afiliados de PROCAÑA, gremio que agrupa a los cultivadores de caña de azúcar en Colombia. Aquel sueño, fruto del lejano anhelo de unión del que tuve la fortuna de ser parte en su creación hace cincuenta y tres años, se ha consolidado.  

 

Acompañado de un puñado de amigos, hermanados por el cultivo de la caña, se fundó un gremio dedicado al bienestar colectivo, económico, social, territorial y agroindustrial del país. Las generaciones que siguieron han continuado construyendo aquel lejano sueño hecho realidad, logrando el reconocimiento y consolidación como motor gremial de desarrollo nacional.

 

Ha sido un poco más de medio siglo librando múltiples batallas en defensa del desarrollo regional, para mantener niveles insuperables de generación de empleo formal rural, de centros de investigación y de motor de desarrollo energético, sustituyendo, a través del etanol, los combustibles fósiles, la cogeneración, empleando el componente industrial y energía solar, alimentando motores de extracción de agua en pozos profundos. La agroindustria del azúcar, ha construido un tejido empresarial y social que ha permitido alcanzar la estabilidad económica de la región. Pese a lo anterior, el sector ha sido equivocadamente tildado de concentración de riqueza, cuando, contrariamente, es un factor decisivo para las actividades productivas en función de la seguridad alimentaria, componente reconocido por la FAO, y de la protección constitucional de la producción de alimentos.

 

Lamentablemente, el presidente Petro y sus ministros de Agricultura y de Ambiente han asumido posturas ideológicas que difieren de la realidad del desarrollo sostenible del campo colombiano. Han debatido erróneamente que la tenencia territorial es la que determina el progreso, en vez de enfocarse en la producción eficiente, determinante para una sostenibilidad alimentaria con impacto ambiental reducido y respetuosa con la biodiversidad y ecosistemas, vociferada en abstracto por Petro en foros internacionales.

 

Pero quizás lo más preocupante es que la ideología ha provocado la inseguridad, tanto jurídica como física, que el actual desgobierno ha permitido. Las zonas destinadas al cultivo ilícito de hoja de coca superan el área destinada al cultivo de caña. La ilegalidad, acompañada de la violencia, ha entregado la soberanía del Estado a organizaciones criminales. En las goteras de Cali y en los municipios del norte del departamento del Cauca y del sur del Valle, se ha apoderado de amplios corredores para el tráfico de cocaína, buscando las rutas oceánicas del Pacífico. Fenómenos que se acompañan de ataques a la infraestructura vial, bloqueos de los corredores viales y ferroviarios, y se disfrazan de ocupaciones ilegales, empleando a las etnias indigenistas, escudándose en ideologías territoriales de ancestralidad, sin ser contrarrestados por las fuerzas del orden público.

 

Tristemente, lo que cualquier Estado debe hacer, replicando el modelo exitoso de un siglo y medio del sector, convirtiéndolo en un modelo referente de eficiencia agroindustrial, fácilmente replicado en sectores, de palma africana, arroz, cereales, pecuarios, entre otros, es perseguido sin misericordia, castigándolo por ausencia de condiciones de seguridad física y jurídica, estabilidad y confianza institucional. 

 

Colombia, con excepcional riqueza hídrica, catalogada como el primer país latinoamericano con las mayores tasas de precipitación anual y la décima del mundo, y con una infinita variedad de pisos térmicos, clima y fertilidad de sus suelos, tiene un potencial incalculable para convertirse en despensa de seguridad alimentaria global. Es uno de los siete países en latitud tropical con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables según la FAO, siendo los otros seis, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Congo y Sudán.  22 millones de hectáreas tienen vocación agropecuaria, pero el país solo cultiva eficientemente la tercera parte, es decir, 8 millones de hectáreas.

 

Colombia no tendría que buscar nuevos, innovadores, pero improbados sectores, para un rápido y duradero crecimiento. Tan solo hay que fijarse en su patio trasero abandonado. Ahí está enterrada la riqueza del país.

 

En la Asamblea de PROCAÑA, el magistrado, expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentó un análisis detallado y pronóstico sobre el futuro incierto del país agrícola si no cuenta con la seguridad jurídica, protegida constitucionalmente, que permita un desarrollo equilibrado.

 

Sintetizando la magistral exposición, en sus propias palabras; “El futuro rural de Colombia no puede construirse sobre la idea de responsabilidades aisladas ni de cargas desproporcionadas. Se construye sobre la base de la cooperación, la corresponsabilidad y la confianza institucional”.

https://guillermoulloatenorio.blogspot.com/2024/12/que-orgulloso-me-siento-de-ser.html

 

Sea la oportunidad para extender nuestras más sinceras felicitaciones a su directora saliente, Martha Betancourt, quien, después de veintitrés años de exitosa labor, hace entrega a Marcela Urueña Gómez del consolidado y exitoso gremio, construido por cientos de dedicados agricultores y que abarca tres generaciones de compromiso. 

Fotografía cortesía de caliescribe.com