Inseguridad rampante

Los recientes acontecimientos de inseguridad presenciados en la ciudad son alarmantes.

Las estadísticas de homicidios registran incrementos superando cifras del año pasado convirtiendo la ciudad en una de las capitales latinoamericanas más violentas. Los atracos callejeros, robos de celulares, micro tráfico e incursión de bandas criminales descaradamente amenazando comensales en un restaurante ponen de manifiesto la impotencia ciudadana, movilizándose campantemente contraviniendo la prohibición del parrillero en motocicleta. Pandilleros desquiciados, encapuchados en manifestaciones universitarias ocasionan actos vandálicos a la infraestructura del MIO, generando suspensión del servicio de transporte y formando caos vehicular que infartan la movilidad ciudadana.

La comuna 22, donde el Alcalde Armitage obtuvo la mayor votación porcentual entre sus contendores, otrora ejemplo y modelo nacional de convivencia y seguridad ciudadana, es azotada por bandas organizadas de robos residenciales. Se han denunciando 22 hurtos en lo corrido del año y otros tantos no denunciados en razón a la inoperancia de la justicia.

Ante este nefasto panorama, que manifiesta falta de autoridad y competencia, la administración municipal se recuesta en consabidas soluciones inocuas, inertes y cortoplacistas. Considerar la militarización de la ciudad, medida de choque extremo, es admitir el fracaso del actual modelo policial. Aumentar el pie de fuerza de la Policía, con agentes recién graduados, inexpertos, en proceso de formación, sin haber sido expuestos a patrullaje en zonas de conflicto es un saludo a la bandera. El pie de fuerza policivo debe estar activamente en patrullaje y no parqueados en intersecciones o encuartelados en las estaciones de Policía.

El tema es responsabilidad primordial en la agenda de gobierno. El alcalde, como primera autoridad, está en obligación de implementar medidas que garanticen la seguridad. Es el momento de introducir iniciativas como la estrategia de “Tolerancia Cero”, implementada exitosamente por al alcalde Giuliani en Nueva York, cuando esa capital afrontaba situación similar, anteponiendo la autoridad, haciendo respetar la ley, la impunidad e incluyó, como delito inalienable, la corrupción al interior de las instituciones involucradas en el proceso. Tolerar y no sancionar delitos menores propician cometer delitos de mayor gravedad.

La municipalidad, quien aporta recursos a la Policía Nacional, debe exigir resultados medibles estadísticamente. Sería mejor inversión profesionalizar, educar y capacitar la fuerza pública, creando un cuerpo “elite”, competente en inteligencia militar, en vez de disponer recursos en dotación de equipamiento, el anunciado helicóptero, pie de fuerza  y reacondicionamiento de instalaciones, rubros que deben ser la contrapartida a cargo del presupuesto nacional.

Sitios conocidos de alta peligrosidad deben ser intervenidos, vigilados y monitoreados apoyándose en la infraestructura de cámaras de vigilancia puesta en operación este año.

La aplicabilidad y conveniencia de la medida de desarme para Cali es vital. En Bogotá y Medellín, la medida ha ayudado a disminuir la tasa de homicidios. Existen estudios de comprobación científica que confirman disminución estadística de las tasas respectivas, cuando se ha aplicado el desarme. Por ello es inaplazable, y como medida impostergable, emplear esta herramienta.

Señor Alcalde, no deje que la ciudad y su problemática se le salgan de las manos.