Reforma tributaria y corrupción
Después de varios años de disertación,
iniciados en 2014, el Ministro de Hacienda presentó, con carácter urgente, al
Congreso el más importante proyecto de la actual legislatura.
Con la reforma tributaria estructural se
busca cubrir el déficit fiscal nacional resultante, en parte, por menores
precios de hidrocarburos, desaceleración de la economía, menor inversión
extranjera, incremento de la deuda pública y la recuperación la calificación de
la misma, que el presente año descendió de estable a negativo.
En esta oportunidad, con directriz y apoyo de
organismos internacionales, se orienta hacia una mayor base poblacional e
incremento del IVA, el más importante impuesto indirecto. Se sitúa la
obligatoriedad de presentar declaración de renta a partir de ingresos mensuales
de $ 2.7 millones para asalariados y cobija prestadores de servicio
independientes e informales bajo la sombra fiscal. Se introducen penas por
evasión, impuestos a bebidas azucaradas, incremento del impuesto de
cigarrillos, impoconsumo para datos de telefonía móvil e IVA a plataformas
internacionales de servicios por suscripción. Se esconde una doble tributación,
gravando dividendos de accionistas,
cuando la empresa ya ha tributado sobre sus ingresos.
Con la reforma se espera un recaudo adicional de $ 7.5 billones en 2017, (0.8% del PIB) hasta llegar a $ 27 billones en el
2022, equivalente al 16.8% del PIB, actualmente en 14.9%.
Sin embargo, el esfuerzo de los
contribuyentes, en aportar nuevos y cuantiosos recursos al estado, es
cuestionado por el incremento progresivo de la corrupción rampante del país.
Los casos de corrupción expuestos por la
Fiscalía General de la Nación en la Guajira son aterradores e inhumanos.
Con anuencia y complicidad de funcionarios
encargados de adjudicar contratos de alimentación escolar y salud para niños de
primera infancia, los recursos son desviados para enriquecimiento ilícito de
contratistas que conforman la red, resultando en la aterradora muerte, por
desnutrición, de más de cuarenta niños este año y tres mil desde 2008.
Irregularidades contractuales también denunció
el Fiscal en construcción de acueductos, alcantarillado, obras de
infraestructura y deportivas, megacolegios y cobros indebidos de servicios de
salud al FOSYGA.
Lamentable y tristemente la situación es replicada
en todas las regiones, departamentos, ciudades, empresas prestadoras de
servicios públicos y entidades comerciales del estado, en todo el país.
Recursos provenientes del Sistema General de
Regalías, del situado fiscal para Salud, Educación, Deportes e Infraestructura
básica son saqueados sistemáticamente por carruseles de funcionarios y
contratistas. Todo ante la impávida mirada observante y complaciente de la
clase política, dirigentes, directivos, gobernadores, alcaldes, concejos
municipales, asambleas departamentales, congreso y entes de control. Estos
últimos, fortines burocráticos cómplices, satisfaciendo apetitos políticos, en
vez de luchar vehementemente contra la corrupción, el mayor flagelo de nuestra
sociedad.
Ante estas realidades nos debemos preguntar y
esperar la respuesta de nuestros congresistas a estas inquietudes;
¿Se justifica una reforma tributaria
estructural, cuando los recursos son desvalijados inmisericordemente por los
carteles de la corrupción?
¿No sería prioritaria una reforma estructural
al estado exigiendo eficientes, transparentes y eficaces instrumentos que
recuperen para la sociedad y contribuyentes el despilfarro, acompañados de una justicia
implacable, con firmeza, sentenciando condenas ejemplares a los protagonistas
que la corrupción genera?
PD: Segùn Red de Veedurias y Caracol Noticias la corrupcion en Colombia cuesta $ 22 billones de pesos
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