Reforma tributaria y corrupción

Después de varios años de disertación, iniciados en 2014, el Ministro de Hacienda presentó, con carácter urgente, al Congreso el más importante proyecto de la actual legislatura.

Con la reforma tributaria estructural se busca cubrir el déficit fiscal nacional resultante, en parte, por menores precios de hidrocarburos, desaceleración de la economía, menor inversión extranjera, incremento de la deuda pública y la recuperación la calificación de la misma, que el presente año descendió de  estable a negativo.

En esta oportunidad, con directriz y apoyo de organismos internacionales, se orienta hacia una mayor base poblacional e incremento del IVA, el más importante impuesto indirecto. Se sitúa la obligatoriedad de presentar declaración de renta a partir de ingresos mensuales de $ 2.7 millones para asalariados y cobija prestadores de servicio independientes e informales bajo la sombra fiscal. Se introducen penas por evasión, impuestos a bebidas azucaradas, incremento del impuesto de cigarrillos, impoconsumo para datos de telefonía móvil e IVA a plataformas internacionales de servicios por suscripción. Se esconde una doble tributación, gravando  dividendos de accionistas, cuando la empresa ya ha tributado sobre sus ingresos. 

Con la reforma se espera un recaudo adicional de $ 7.5 billones en 2017, (0.8% del PIB) hasta llegar a $ 27 billones en el 2022, equivalente al 16.8% del PIB, actualmente en 14.9%.

Sin embargo, el esfuerzo de los contribuyentes, en aportar nuevos y cuantiosos recursos al estado, es cuestionado por el incremento progresivo de la corrupción rampante del país.

Los casos de corrupción expuestos por la Fiscalía General de la Nación en la Guajira son aterradores e inhumanos.

Con anuencia y complicidad de funcionarios encargados de adjudicar contratos de alimentación escolar y salud para niños de primera infancia, los recursos son desviados para enriquecimiento ilícito de contratistas que conforman la red, resultando en la aterradora muerte, por desnutrición, de más de cuarenta niños este año y tres mil desde 2008.

Irregularidades contractuales también denunció el Fiscal en construcción de acueductos, alcantarillado, obras de infraestructura y deportivas, megacolegios y cobros indebidos de servicios de salud al FOSYGA.

Lamentable y tristemente la situación es replicada en todas las regiones, departamentos, ciudades, empresas prestadoras de servicios públicos y entidades comerciales del estado, en todo el país.

Recursos provenientes del Sistema General de Regalías, del situado fiscal para Salud, Educación, Deportes e Infraestructura básica son saqueados sistemáticamente por carruseles de funcionarios y contratistas. Todo ante la impávida mirada observante y complaciente de la clase política, dirigentes, directivos, gobernadores, alcaldes, concejos municipales, asambleas departamentales, congreso y entes de control. Estos últimos, fortines burocráticos cómplices, satisfaciendo apetitos políticos, en vez de luchar vehementemente contra la corrupción, el mayor flagelo de nuestra sociedad.

Ante estas realidades nos debemos preguntar y esperar la respuesta de nuestros congresistas a estas inquietudes;

¿Se justifica una reforma tributaria estructural, cuando los recursos son desvalijados inmisericordemente por los carteles de la corrupción?

¿No sería prioritaria una reforma estructural al estado exigiendo eficientes, transparentes y eficaces instrumentos que recuperen para la sociedad y contribuyentes el despilfarro, acompañados de una justicia implacable, con firmeza, sentenciando condenas ejemplares a los protagonistas que la corrupción genera?

PD: Segùn Red de Veedurias y Caracol Noticias la corrupcion en Colombia cuesta $ 22 billones de pesos