¿Por qué no bajan los precios en Colombia?

Los precios finales al consumidor de productos y servicios se mantienen constantemente al alza.

La gasolina en Colombia sigue siendo el más claro ejemplo de desigualdad. Mientras en Estados Unidos el precio promedio de la gasolina de octanaje comparable a la extra nacional es de Col $ 8200, la nuestra vale un 50% mas, situándose en Col $ 12.300. Hace dos años en 2016, el precio del barril llegó a su valor más bajo de US $ 26,21, cayendo de un histórico US $ 109,49 en Febrero 2012, precios que jamás sintió el consumidor colombiano en la compra de combustibles y sus derivados.

La fallida iniciativa de escrupulosos importadores de etanol de maíz, el cual no cumple con estándares de oxigenación medioambiental, con anuencia y complicidad de la autoridad competente, lograron introducir el año pasado, argumentando mejor costo, un volumen importante para mezcla de gasolina. Sin embargo el valor de la gasolina jamás vio reflejado el “mejor” precio en el galón de combustible.

La tasa de interés o de intervención de política monetaria fijada por el Banco de La Republica ha descendido de un 26% anual, finalizando la década de los años noventa, al 4,25% actual. Pese a esta notoria reducción del 85%, los bancos comerciales no han sido consecuentes con la tasa de interés cobrada al usuario de crédito comercial y personal, rondando en niveles cercanos al 30% en tarjeta de crédito y aproximadamente del 15% en créditos de consumo.

El precio de la libra de café colombiano en la bolsa de Nueva York se cotiza en un bajo histórico de US $ 1.07 mientras el precio de la carga para el caficultor (125 kg.) en $ 717,000.00. Comparativamente hace cuatro años el precio internacional logró cotizarse en US$ 1,83 y la carga en $ 800,125.00. El valor de la carga, resultante de misteriosa formula, no guarda proporción con los precios internacionales. Sin embargo este comportamiento hacia la baja, de un 10%, no se ve reflejado en el precio final al consumidor, ni en la taza de café expendida en los cientos de miles de cafeterías, ni el precio del café empacado en tiendas y supermercados. No obstante los precios al detal siguen subiendo.

Hace tres años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), inició una batalla frontal contra los que ella mismo denominó “carteles de productores”. Por iniciativa de las empresas de alimentos y bebidas, la SIC persiguió el sector azucarero, por supuestamente no permitir importación de azúcar y sustitutos edulcorantes y siropes. Pese a los “hallazgos” de la SIC, las multas impuestas a los productores y la baja en la cotización internacional, el sector de alimentos y bebidas, promotores de la iniciativa, jamás bajaron el precio de sus gaseosas, galletería y chocolatería. Contrariamente registran alzas aproximadas del 30% en su producto final.

La misma SIC dio apertura a otros supuestos “carteles” de productores de papeles, pañales, cuadernos y similares. Dos años después, los precios del papel higiénico, faciales, toallas, pañales, cuadernos y papelería en general mantienen los mismos precios, con alzas en precios “ajustados por inflación”.

Los productores de leche cruda, por fuerzas de mercado y marcada disminución en el consumo, sufren del más bajo precio, con lo cual los inventarios de quesos, la forma natural de almacenar leche, se encuentran en niveles históricos de producto terminado. Los productores lácteos nacionales escandalizados por la posible importación de productos neozelandeses y australianos fundamentados en acuerdos comerciales internacionales, tampoco son consecuentes con los precios finales al consumidor. En Colombia los precios de la leche y derivados han subido un 30% este año.

El sobre proteccionismo corporativo del anterior gobierno, escudado por la onerosa carga impositiva fiscal de la reforma tributaria, el beneplácito del sector gremial y utilidades operacionales desproporcionadas, debe dar paso a un marco regulatorio y de control efectivo que no permita abuso de algunos sectores en contraposición al comprador final.

La reforma tributaria planteada por el actual gobierno, buscando mejorar e incentivar las condiciones de competitividad empresarial, debe traducirse, del mismo modo, en equilibrio, moderación, justicia y control efectivo en precios al consumidor.