Perdió Colombia, perdimos todos

 

Un puñado de aburguesados sexagenarios, procedentes de sindicatos estatales no empresariales, autonombrados Comité del Paro Nacional, convocaron una pacifica protesta social en contra de políticas de gobierno. Consecuentemente y mediante esta espuria declaratoria se echaron la soga al cuello. 

 

Cuando fueron retirados los proyectos de reformas, razón de la protesta social, era el momento oportuno y conveniente de retirarse, saliendo triunfantes de la lucha de poder convocada. Contrariamente, siguieron con improvisadas e infundadas peticiones, alejadas de luchas y reivindicaciones sindicales, extendiendo el paro y bloqueos con nefastas consecuencias en contra del aparato productivo nacional. Con esto, perdió legitimidad la esencia sindical de protesta.

 

Los actos demenciales de barbarie vandálica y bloqueos acolitados por el Comité, tan solo sirvieron en crear caos, destrucción de bienes públicos y parálisis del aparato productivo. Las consecuentes multibillonarias perdidas, registradas, por pequeños, medianos y grandes empresarios, la industria, el sector agropecuario, el comercio, estaciones de gasolina, entidades financieras y servicios, serán asumidas a futuro, por incrementos de precios resultante de la fundamental ley de oferta y demanda. El costo superará el valor pretendido en la reforma fiscal disputada. Perdió dinámica y desarrollo uniforme la economía nacional. Perdió el consumidor sin distingos étnicos, ni de estratificación, tanto urbanos como rurales.

 

Las vías de hechos, inspiradas por la protesta, lesionaron de gravedad la concepción del estado de derecho social, consagrado constitucionalmente. Perdió validez la Constitución Política.

 

Los laberintos jurídicos que impidieron la rápida y eficaz solución del conflicto por cuenta del estado, a nivel nacional, departamental y municipal, entregaron el poder legitimo de autoridad a desalmadas marionetas que interpretaban magistral y anárquicamente su pretensión de derrocar el establecimiento. Perdió autoridad y legalidad el gobierno democráticamente elegido.

La institucionalidad legislativa sucumbió a provocaciones de movimientos minoritarios que fueron derrotados, por abrumadoras mayorías en mociones de censura. Igual suerte corrió el archivo, a plumazo limpio, de proyectos legislativos, sin ningún tipo de debate ni discusión, esencia parlamentaria. Perdió su condición legislativa el Congreso.

 

El poder judicial, en todas sus ramas, objeto de actos incendiarios, destruyendo cientos de miles de expedientes y dispendioso trabajo, remembranzas del acto diabólico de la toma del Palacio de Justicia de noviembre 6 de 1985, fue vulnerado en su encargo de administrar justicia. Perdió respetabilidad, autonomía y moralidad el poder judicial.

 

Una fuerza publica inmovilizada, violentada, arrinconada y paralizada, cumpliendo protocolos de ley, amenazada por violadores terroristas, en forcejeo campal desigual. Perdió potestad la fuerza publica.

 

Un sinnúmero de burócratas observadores de derechos humanos enfrentados, esta vez, al realismo mundanal alejado de textos académicos, sin brújula conceptual de principios y moralidad. Perdió instrumentalización y credibilidad agencias nacionales e internacionales de observancia humanística.

 

Atomizados escuadrones de guerrillas urbanas, escondidos en clandestina penumbra nocturnal, generadores de caos y destrucción delincuencial, fueron escudados por la protesta. Pese a las multitudinarias transgresiones, la fuerza publica logró arrestos objeto de judicialización e investigación por organismos de inteligencia, que eventualmente obligarán salir a la luz, lo verdaderos cerebros intelectuales detrás de estos pelotones insensatos suicídales. Perdió la enceguecida, descarriada y cándida juventud entregada militarmente a una batalla sin cuartel.

 

Perdió autenticidad la oposición ideológica de titiriteros instigados por fuerzas desestabilizadoras atentando contra la soberanía nacional. 

 

Perdimos principios y valores. No solo perdió Colombia, perdimos todos.