Un Pacto, además de histórico, improvisado

 

Los primeros quince días de gobierno se han caracterizado por un sinnúmero de declaraciones de los recién posesionados funcionarios expresando improvisación y falta de conocimiento de sus funciones. 

 

La más desentonada declaración correspondió a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. Su destacado perfil y estructura académica en filosofía y maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional, complementado con un doctorado en geografía política de la Universidad de Copenhague, y además de haber sido galardonada con la preciada beca norteamericana Fullbright y docente de Univalle, discrepan de conocimientos de la cartera ministerial a su cargo.

 

Insinuar que en el hipotético caso de suspender la exploración de gas en Colombia se puede recurrir a importar de Venezuela, prendió alarmas en el país. En respuesta a su infundado planteamiento, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), reconoció la importancia de interconexión eléctrica con vecinos países, como se hace con Ecuador, sin embargo, el gas venezolano requiere de una inexistente infraestructura de gasoductos, lo cual aumentarían el valor final en cinco veces, afectando 40 millones de usuarios. Lo mismo fue ratificado por el presidente de ECOPETROL, quien apoya la política de búsqueda de energías no contaminantes, considerando el gas natural una de las más limpias.

 

Si bien es cierto la matriz energética busca fuentes limpias, no contaminantes, no puede el ministerio a su cargo cuestionar el recurso más importante del país en materia de divisas, encaprichada en planteamientos, sin rigor científico alguna, sobre exploración y explotación de petróleo, empleando novedosos sistemas como el fracking. Reducir la capacidad de oferta exportable de hidrocarburos, petróleo, carbón, níquel y minería extractiva es un suicidio comercial que llevaría al país a un empobrecimiento y abismo de ingresos que jamás permitiría cerrar la brecha de pobreza. 

 

Por otro lado, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, al referirse a invasiones ilegales de predios agrícolas en el norte del Cauca, desconoce el estado de derecho, la constitución y la propiedad privada, al considerar debe iniciarse una mesa de “negociación”, entre las comunidades invasoras y los legítimos propietarios. Desconoce, o quizás nunca estudió la historia del valle geográfico del rio Cauca. 

 

La historia cuenta que la población indígena eran pobladores de las laderas del pie de monte cordillerano y encontraron la temperatura y humedad del valle incompatible para sus ancestrales costumbres en los trabajos que el cultivo de caña exigía. Los trapiches de ese entonces tuvieron que acudir a reemplazar la mano de obra indígena por la raza afrodescendiente, etnia resistente al arduo trabajo canicular. Tampoco conoce que en el siglo antepasado el valle geográfico, en las zonas planas ribereñas, desde el municipio de Santander de Quilichao, al extremo sur del valle hasta Cartago al norte, era una gran laguna, amortiguador de los excesos pluviales que recibía. Estos cuerpos de agua eran moradas preferidas de anfibios y reptiles, grandes amenazas para los rebaños de semovientes, lugares selváticos e inhóspitos para ser poblados. La regulación de los ríos, diques y jarillones protectores, adicionado al trabajo de adecuación de los predios conquistaron la laguna, proporcionando condiciones para labores agrícolas.

 

La compra de tierras y posterior adjudicación a comunidades indígenas o afrodescendientes excluye a esos predios de obligaciones fiscales nacionales, departamentales y municipales, generando colosal detrimento de ingresos, los cuales difícilmente el estado puede sustituir. Son declaraciones insubsistentes en contravía de la necesidad de recursos planteada por el ministro de Hacienda.

 

https://guillermoulloatenorio.blogspot.com/2022/07/reforma-agraria-o-seguridad-alimentaria.html

 

El ministro de Hacienda, sigue empeñado en una reforma tributaria, de buscar recursos para protección social, pero no ofrece, a cambio, severo recorte del gasto público. De igual forma, y como se ha viralizado en memes, “Si ahora los que gobiernan son incorruptos, el estado puede ahorrarse los $ 50 billones que se pierden por corrupción, lo cual significa dos veces los recursos requeridos.” 

 

https://guillermoulloatenorio.blogspot.com/2022/08/una-reforma-tributaria-de-escueto.html

 

La iniciativa del proyecto pasa al legislativo para su debate, estudio y aprobación. Los favores debidos de los congresistas se avizoran en el horizonte. El senador Gustavo Bolívar, aceptó colaborar al sector de entretenimiento en revisar la afectación de la carga impositiva fiscal. El cabildeó se replicará entre las colectividades económicas afectadas, y los congresistas, que, en campaña, recibieron colaboración de respectivos sectores.

 

La ministra de Salud, también se expresó, de manera virulenta, contra los operadores de la salud del país. Desconoce que la cobertura es cercana al 98% de la población y que se debe, no a la presencia del estado, sino al emprendimiento del sector privado y el aporte que hacen los millones de colombianos amparados por el régimen contributivo. 

 

El presidente Petro tiene que ejercer el liderazgo propio de cabeza de su equipo de trabajo. No puede dejar a sus subalternos, que, en busca de protagonismos individuales, tergiversen injustificadamente, con planteamientos insulsos e infundados, una coherente política de estado. 

 

De seguir así, en este país de herencia santanderista, de estricta normatividad y reglamentación, se multiplicarán demandas contra el estado, investigaciones disciplinarias y penales contra funcionarios.