Alumbrado público; ¿Vale la pena cazar una pelea perdida?

La concesión de alumbrado público fue suscrita en el año 2000 con plazo de quince años. Las obras contempladas en el diseño del MIO permitieron ampliar el plazo, de mutuo acuerdo, por dos años adicionales, llevando su vencimiento al 2017. EMCALI estudia la posibilidad de terminar el contrato en Julio de este año desconociendo el otrosí que prorrogó el término.

Previo al año 2000, cuando EMCALI tenía a su cargo el alumbrado público, la ciudad registraba un 30% de su cobertura apagada en razón al precario mantenimiento que realizaba la empresa. Hoy se registra el 1% de su cobertura apagada, relación envidiable en mantener la infraestructura en óptimas condiciones de prestación del servicio.

Las concesiones deben ser analizadas en su contexto y el resultado de su operación evaluada técnicamente, sin estigmatización, ni sentimientos pretéritos del macartismo. En este sentido el concesionario ha prestado un servicio diligentemente. Los años de intervención de EMCALI y falta de política pública coherente no permitieron un mejor desarrollo de la concesión.

Aunque EMCALI tiene la capacidad operativa de atender el alumbrado público, los costos de personal son cinco veces superiores al del concesionario. La capacidad de respuesta, comprobada en los otros componentes de Acueducto, Alcantarillado, Telecomunicaciones y Energía, es infinitamente inferior en razón al excesivo trámite burocrático estatal.

Los interventores, tanto de EMCALI, como del Municipio han sido pasivos y negligentes en sus compromisos y han permitido que la cartera a cargo de EMCALI y a favor del concesionario llegue a la no despreciable suma de $ 87 mil millones. Cada una de las reclamaciones del concesionario no han sido atendidas, concertadas y solucionadas oportunamente elevando el monto con la acumulación de intereses financieros.

El recaudo por concepto del servicio fue transferido por catorce años a un fondo fiduciario, mecanismo ágil y seguro para respetar los compromisos hacia el concesionario. La actual administración municipal liquidó el fondo y recaudos por $ 27 mil millones forman parte de las cuentas de tesorería a cargo. La indebida apropiación de recursos del contribuyente, con destinación especifica, alinderan la presunción de delitos penales, fiscales y disciplinarios para el Alcalde, como primera autoridad municipal, extensiva al Gerente General, al interventor de EMCALI como al Director y Subdirector del POT y Servicios Públicos de Planeación Municipal.

La terminación unilateral del contrato en las condiciones actuales de incumplimiento por parte de EMCALI la llevaría a una demanda superando con creces los $ 87 mil millones adeudados más los perjuicios que la rama judicial le conceda al demandante.

EMCALI, en vez de arriesgarse judicialmente en terminar ilegalmente un contrato de concesión acreditado, debe focalizar sus esfuerzos hacia la reducción de pérdidas en energía y acueducto, dar pronta solución a la problemática de turbiedad del agua, ser competitivos en telecomunicaciones, planificar la empresa hacia el desarrollo local y regional a cincuenta años y adaptar la empresa a un modelo gerencial moderno, eficiente y eficaz.