El estado de derecho y la inversión pública municipal

Colombia es un estado social de derecho declarado constitucionalmente en su carta magna de 1991. El principio fundamental democrático, participativo y pluralista se basa en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de sus integrantes y la prevalencia del interés general.

Su obligación primordial es acabar con la desigualdad mediante la búsqueda de equidad social, inclusión, igualdad y derechos económicos y sociales. La distribución de la riqueza se logra a través de los impuestos, contribuciones y tributos trasladándolos en inversión social en programas de fortalecimiento en salud, educación, vivienda, infraestructura, servicios públicos contribuyendo al desarrollo económico equitativo, armónico y equilibrado de la población.

Los municipios colombianos, y Cali no es excepción, tiene la obligación de invertir los tributos aportados por sus contribuyentes en diversos programas anualizados buscando al final del ejercicio fiscal un equilibrio entre sus ingresos y egresos.

El Plan de Desarrollo, derivado del Programa de Gobierno del alcalde, es el instrumento de planificación de estrategias gubernamentales y articula las acciones públicas para el logro de los fines del Estado. A través de él se asignan y priorizan los recursos del Plan de Inversiones. Al final de cada periodo se mide la efectividad de cada programa, pero quizás lo más importante, el cumplimiento de la inversión pública en su conjunto.

Con preocupación se observa que terminando el primer trimestre del año electoral, castigado por la imposibilidad de contratación dando aplicabilidad a la ley de garantías, no se vislumbra con claridad la ejecución de los programas de inversión social municipal contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

Triste sería no realizar la inversión social pública que la población demanda, dejando en caja, para utilización en vigencias futuras, recursos que el contribuyente caleño, con gran esfuerzo, está pagando, a partir de este mes.

La eficiencia y efectividad del aparato municipal se pone a prueba en los próximos tres meses, previo a la ley de garantías, con el fin de establecer los cronogramas de ejecución de los programas prioritarios en cada una de las dependencias.

La administración municipal tiene el inmenso reto y desafío de invertir prudente, sigilosa y adecuadamente el histórico presupuesto de $ 2.5 billones, prioritariamente en programas de educación y salud, cerrando la brecha de inequidad, cohesión social y desarrollo económico.

Igual compromiso histórico adquiere el Concejo Municipal ocupándose del estricto y vigilante control político sobre la mayor partida presupuestal aprobada por ese cuerpo colegiado, además de la especial responsabilidad adquirida cuando otorgaron facultades al alcalde para traslados presupuestales equivalentes hasta el 20% del presupuesto, o sea $ 500 mil millones.

Transparencia, pulcritud y claridad se espera del actuar de los elegidos democráticamente.